En el contexto de la denominada crisis de los refugiados aparece inmediatamente la crucial pregunta acerca de si tiene algún Estado, y en tal caso cuál, la obligación de dar protección a las personas que huyen de graves situaciones de conflicto. Este trabajo explora las posibles respuestas a esa pregunta desde la perspectiva de las reglas del derecho internacional y, particularmente, del derecho de la UE, sobre la distribución de la responsabilidad de dar protección a las personas que la necesitan. Se argumenta que la insuficiencia de la respuesta europea es, en buena medida, el resultado de una inadecuada distribución de esa responsabilidad y que las medidas adoptadas o propuestas (como el acuerdo con Turquía de marzo de 2016 o las enmiendas al propio derecho de la UE) no darán una solución adecuada.
Las decisiones europeas acerca de la puesta en práctica de nuevos criterios de distribución de las solicitudes de protección internacional entre los Estados están explícitamente orientadas a dotar de mayor eficiencia al sistema y al reforzamiento de la solidaridad interestatal. Sin embargo, no está claro que la mayor eficiencia y la mayor solidaridad entre Estados se orienten siempre a una mejor protección de las personas que la necesitan. Por otra parte, el camino de reforma emprendido por la UE se asienta en una dicotomía enunciada de modo tajante: protección internacional para quienes la necesitan, rigor contra quienes intentan migrar irregularmente a la UE. Sin embargo, ni la distinción entre ambas categorías de personas es tan tajante como se enuncia ni la relación entre protección internacional y lucha contra la migración irregular es tan inequívoca como puede parecer a primera vista.
ABSTRACT
In the context of the so-called refugee crisis, a crucial question immediately arises: is any State, and if that is the case, which State, obliged to provide protection to persons fleeing from serious situations of conflict? This paper explores the possible answers to this question from the perspective of international law and, in particular, the law of the EU, on the distribution of the responsibility to give protection to people who need it. It is argued that the inadequacy of the current European response is due to a large extent to an inadequate distribution of this responsibility and that measures taken or proposed (such as the agreement with Turkey in March 2016 or amendments to EU law itself) will not provide an adequate solution.
European decisions on the implementation of new criteria for the distribution of applications for international protection between States are explicitly aimed at making the system more efficient and strengthening interstate solidarity. However, it is not clear that greater efficiency and greater solidarity between States are always directed towards better protection of the people who need it. On the other hand, the path of reform undertaken by the EU is based on a dichotomy clearly stated: international protection for those who need it, rigor against those who attempt to migrate irregularly to the EU. However, the distinction between the two categories of persons is not as clear as it is stated, nor is the relationship between international protection and the fight against irregular migration as unequivocal as it may seem at first sight.C.13-F. Arlettaz – La UE y la crisis humanitaria en el Mediterráneo2